La Casa Rosada retiró una de las principales condiciones que trababan la negociación y quedó cerca de cerrar un entendimiento que incluye aumentos salariales, fondos para funcionamiento y nuevas paritarias
El Gobierno nacional habría dado marcha atrás con su exigencia de que las universidades retiraran la demanda presentada ante la Corte Suprema por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y avanzado hacia un acuerdo que contempla una mejora salarial para docentes y no docentes, una decisión que desde el sistema universitario consideraban indispensable para continuar las negociaciones luego de meses de conflicto por el ajuste presupuestario.
La propuesta que manejan ambas partes prevé una recomposición del 24% para los salarios del sector. El esquema contempla una suba del 21,3% en junio y otro 3% en septiembre, con impacto directo sobre el aguinaldo que se liquidará junto con los haberes del próximo mes.
El entendimiento también incorpora una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento. Dentro de ese paquete se incluyen recursos adicionales para los hospitales universitarios, que acumulan una deuda millonaria por parte del Estado nacional desde comienzos de año.
Otro de los puntos acordados es un incremento del 50% para las Becas Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas. El beneficio permanecía congelado desde hace más de dos años, pese al fuerte deterioro provocado por la inflación acumulada.
La firma del acuerdo podría concretarse en las próximas horas y sería acompañada por la apertura de una nueva instancia de negociación paritaria. Según lo conversado hasta ahora, las revisiones salariales pasarían a realizarse al menos cada tres meses y tendrían a la inflación como referencia mínima para discutir futuras actualizaciones.
Según trascendió, las universidades observan el acercamiento con cautela. Si bien reconocen que la oferta representa una mejora respecto de las subas otorgadas hasta ahora, sostienen que todavía persiste un importante atraso salarial y mantienen el reclamo por el cumplimiento integral de la ley sancionada por el Congreso.
El trasfondo de la negociación sigue siendo el deterioro presupuestario que atraviesa el sistema universitario: actualmente, siguiendo el reclamo de las casas de estudio, los recursos actuales están lejos de cubrir sus necesidades operativas y recuerdan que la disputa judicial continúa abierta, a la espera de una definición de la Corte Suprema sobre la obligación del Gobierno de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
